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El combate a la opacidad y la corrupción, a paso lento

12 febrero 2014 4:56 Última actualización 06 abril 2013 10:7

[Cuartoscuro] INFORME ESPECIAL: En espera, el dictamen del Ifai; la Comisión Nacional Anticorrupción, aún engaveta. 


 
Eduardo Ortega / Víctor Chávez / Rivelino Rueda
 
Tres décadas desde la primera contraloría para vigilar el desempeño de los servidores públicos, 15 años de un órgano auditor de las cuentas públicas y una década en el ámbito de la transparencia a través del Ifai, y no ha sido suficiente para revertir la percepción en México de que aún hay corrupción y opacidad.
 
Si bien la alternancia en el poder logró la concertación entre partidos de distinto signo y el Poder Ejecutivo para abrir paso a iniciativas estructurales, hoy la autonomía del órgano de acceso a la información pública (Ifai) y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción no ven la luz al final del túnel.
 
Las reformas llevan un paso muy lento en el Congreso y dejan, como gran pendiente, los cambios necesarios para que otro organismo clave en este proceso de transparencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), logre los recursos legales para sancionar a los servidores que desvíen recursos públicos.
 
La del Ifai es una reforma de gran calado, porque además de considerar cambios en 11 artículos constitucionales, incluirá a los sindicatos como sujetos obligados a transparentar los recursos públicos que reciben. El tema cobra relevancia tras la detención de Elba Esther Gordillo.
 
Y aunque forma parte de los compromisos asumidos en el Pacto por México, el dictamen aprobado por el Senado ha esperado meses para convertirse en dictamen en la Cámara de Diputados.
 
Pese a que cada día aumentan las solicitudes de información, en los últimos 10 años las 237 entidades obligadas han desarrollado prácticas para no responder a las peticiones de los usuarios.
 
Tan sólo en diez años se interpusieron 46,825 recursos de revisión, y en nueve años (de 2004 a 2012) el Ifai presentó 78 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las cuales sólo diez han concluido con una sanción.
 
Una confrontación entre los integrantes del Ifai (ocurrida en una sesión pública el 21 de enero de 2013) puso en jaque a la institución. Esto porque rebasó el debate sobre la reforma constitucional para enfocarse a otra discusión, la del relevo de todos los comisionados. Con ese escándalo, el Ifai quedó a expensas del cálculo político.
 
La reforma menos acabada es la que luce su título de Comisión Nacional Anticorrupción. La propuesta se mantiene en las gavetas de las comisiones del Senado, pero no hay certeza de cuándo se dictaminará.
 
Aunque desde diciembre de 2012 se decretó la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, cuya estructura pasará a formar parte del nuevo organismo, la dependencia se mantiene a flote, únicamente en espera de que cambie de nombre.
 
La transparencia y la rendición de cuentas son una condición de la democracia.
 
Los órganos en México dedicados a esta tarea no tienen dientes, tampoco autonomía presupuestal y las penas que pueden aplicar a los malos servidores públicos no van más allá de una sanción menor o la inhabilitación temporal.
 
Las reformas propuestas constituyen un parteaguas en la historia de la administración pública, pero dependen de los tiempos políticos. Y ahí, por ahora, no hay mucho que hacer.