Fernando Ramírez de Aguilar / Jeanette Leyva / Rivelino Rueda / Leticia Rodríguez
El debate de la reforma al estatuto constitucional del Distrito Federal y la posibilidad de convertirse en una de las iniciativas de gran calado de los últimos tiempos muestra un largo proceso evolutivo para la capital del país y también que este tema, en los últimos 12 años, resintió el abandono y hasta la marginación.
Hace apenas 17 años se transformó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (que surgió en el sexenio de Miguel de la Madrid) en Asamblea Legislativa y terminó la era de los regentes; en 1997 los ciudadanos eligieron por primera vez al jefe de Gobierno por la vía del voto directo y el ganador fue de un partido de oposición.
Y fue hasta el año 2000 cuando se eligió por primera vez a los 16 delegados políticos. A partir de 2001 la decisión de realizar una transformación de mayor fondo se quedó en la congeladora del Congreso.
Desde entonces se han propuesto al menos 48 reformas constitucionales que buscan un rediseño institucional.
Aún en la etapa moderna del país, la estructura organizativa es singular, pues el jefe de Gobierno no es gobernador ni tampoco alcalde, pero puede ser destituido tras un juicio de procedencia en el Congreso; la ALDF emite reglamentos, pero las leyes de fondo tiene que aprobarlas el Congreso de la Unión; las delegaciones no son ayuntamientos; y en materia de deuda, ni los legisladores capitalinos ni el Ejecutivo local pueden decidir acerca de ésta. Los expertos anticipan que el DF tendría que asumir todas sus obligaciones, sobre todo la deuda.
Sigue vigente la opinión de investigadores académicos como Javier Hurtado González y Alberto Arellano en el sentido de que no ha sido la falta de interés sino de voluntad política para lograr acuerdos.
Otros estudios desarrollados por el Centro de Estudios y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados (Cesop), realizados por Salvador Moreno Pérez, reflejan que el primer esfuerzo para cambiar el estatus capitalino fue en 2001, donde se estableció que el DF tendría que estar sujeto a un régimen constitucional especial, de ciudad única. Pero no pasó de ahí.
Candidatos y jefes del gobierno mantienen como aspiración la soberanía de la ciudad. El PRI, en voz de María de los Ángeles Moreno, propuso una reforma más de tipo administrativa que política, sin estado 32, debido precisamente a que alberga a los tres poderes de la Unión y es la capital del país.
La reforma política del DF forma parte de los compromisos del Pacto por México. El debate sigue orientado a una reorganización administrativa, económica y territorial para ajustarla a la nueva realidad urbana.
Información proporcionada por El Financiero Diario.
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