Patricia Hernández Goñi
El Órgano de Fiscalización de Tabasco detectó irregularidades por más de 5,000 millones de pesos en la cuenta pública correspondiente al ejercicio de 2012 de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos, resultando con un mayor número de observaciones documentales, presupuestales, financieras y de control interno las secretarías de Finanzas, Educación, Salud y de Comunicaciones y Transportes.
El informe técnico remitido por el OSFE a los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de Hacienda I del Congreso Local, establece que el monto de lo observado en el último año de la administración de Andrés Granier Melo asciende a 5,039 millones 251,943 pesos con 99 centavos, y revelan que son 9 las dependencias del Poder Ejecutivo que presentan observaciones millonarias no solventadas del período de revisión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
En ese sentido, destacan la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), que estaba a cargo de José Manuel Sáiz Pineda –actualmente interno en el Centro de Readaptación Social del estado, acusado de desvío de recursos federales y lavado de dinero—la cual presenta 3,545 millones 236,000 pesos sin aclarar, y la de Educación –a cargo de Rosa Beatriz Luque Greene, ex funcionaria que aún no se presenta a declarar--, con 905 millones 924,925 pesos con 13 centavos.
Le siguen, la Secretaría de Salud con un faltante por 359 millones 601,409 pesos --en ese entonces a cargo de Luis Felipe Graham Zapata--, principalmente de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), y la de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo de Aquiles Domínguez Cerino, la cual presenta observaciones no solventadas por un monto de 185 millones 844,741 pesos. .
Otras áreas y dependencias del gobierno estatal con el mismo problema son: la Quinta Grijalva, con un monto de 27 millones 443,174 pesos; la Secretaría de Gobierno, por 9 millones 909,222 pesos; la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas (SAOP), por 2 millones 657,497 pesos; la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDET) por 2 millones 13,524 pesos; y la Universidad Popular de La Chontalpa (UPCH) por 620,896 pesos.
La presidenta de la Comisión Inspectora de Hacienda, Neyda Beatriz García, dio a conocer que los parlamentarios integrantes de la misma dispondrán de siete días para que presenten sus propuestas sobre el calendario de las sesiones de trabajo, así como para la inspección física de las obras.
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