Archivo

Cuestionan lineamientos de 'must carry' y 'must offer'

06 febrero 2014 3:44 Última actualización 07 enero 2014 5:46

 [Académicos dicen que se ignora la naturaleza del consumo de la programación / Bloomberg]


 
 
 

Ramiro Alonso
 

Académicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cuestionaron los lineamientos sobre la regulación conocida como must carry y must offer, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sometió a consulta pública los últimos meses de 2013.
 
Los lineamientos buscan aclarar un potencial problema del Artículo 8 transitorio de la reforma constitucional en telecomunicaciones. Este problema es sobre la estimación del 50 por ciento de cobertura de las señales radiodifundidas en el territorio nacional, indicaron Ernesto Flores Roux y Eliza Vera Mariscal Medina, académicos del instituto.
 
Expusieron que la cobertura territorial a nivel geográfico ignora la naturaleza del consumo de la programación que es a nivel local.
 
Dada la naturaleza de los mercados de las telecomunicaciones, tanto las audiencias como los anunciantes estarían interesados en emitir y recibir información de su localidad. El bienestar se maximiza mientras mayor sea la especificidad del servicio que aspiran los consumidores, comentaron.
 

Los académicos aseveraron que el grado de especificidad es muy relevante en tres aspectos: mensajes y campañas políticas, publicidad y eventos, noticias y comunicados locales. Un ejemplo grave serían las campañas políticas.
 
Esto podría erigir a un personaje local en uno con trascendencia nacional o ignorar a uno local, alertaron.
 
Por otra parte, clasificar el contenido programático de las diferentes señales con base en coincidencia programática y no con base en la demanda de este contenido ignora a los consumidores que buscan acceder a este contenido en una determinada localidad.
 

La audiencia de la Ciudad de México, por ejemplo, difícilmente tendrá interés de noticias y anuncios locales en la frontera y viceversa.
 

La metodología propuesta por el IFT deja fuera las consideraciones de derechos humanos y económicos que el Decreto propone al ignorar los derechos de las audiencias de recibir contenido relevante para ellos, tal como la señal de su localidad.