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Cuestionan comisión anticorrupción

06 febrero 2014 7:10 Última actualización 20 diciembre 2013 5:50

 [No es la solución crear un nuevo órgano: Mauricio Merino / Eladio Ortiz / El Financiero]


 
 
Angelle Hernández Cháirez
 

Más allá de ser una medida cosmética, la reciente reforma aprobada por el Senado para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y que será revisada hasta febrero próximo por la Cámara de Diputados, está mal diseñada ya que sólo “amedrenta el funcionamiento de la administración pública sin mejorarla, sin corregir los procesos que están facultando a la corrupción”.
 
“Crear un órgano anticorrupción no es la salida, porque se crea una comisión para combatir el problema pero no se impulsa un sistema para evitarlo”, afirma Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien advierte que este organismo sí colma una expectativa política ante la opinión pública, pero realmente puede llegar a convertirse en un instrumento político para perseguir al adversario y “someter y mantener a raya” a quien se indiscipline políticamente.
 
En entrevista con EL FINANCIERO, Merino expresa también su preocupación por el excesivo empoderamiento de la Secretaría de Hacienda ante la eventual desaparición de la Función Pública, ya que muchas de las funciones que ésta realizaba como la supervisión de la administración del patrimonio, la simplificación administrativa, o la declaración patrimonial de los funcionarios públicos acabarían concentradas en esa dependencia.
 
“Este es otro problema, más fino y no tiene que ver con la comisión o con el órgano anticorrupción. Todo se deja a una ley posterior que, se dice, saldrá en abril del 2014 y cuyo contenido es oscuro, no tenemos ni la menor idea de lo que estén pensando los legisladores. Pero lo que sí sabemos es que la Secretaría de Hacienda se volvería mucho más poderosa de lo que ya de suyo es, y con la desaparición de la SFP sería aún más poderosa al concentrar parte de sus funciones”, asevera.
 
Pero el ex consejero del IFE y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, confía que los diputados corrijan “la fragmentación de la rendición de cuentas y la integren en un sistema articulado y completo”.
 

“Está claramente definido en el dictamen, sólo se va actuar cuando la corrupción ya se cometió, cuando el hecho ya sucedió y el daño está causado. Y en consecuencia se actúa sobre las personas y no sobre los procesos, no sobre el sistema que produce esos actos de corrupción. Esa sí es una ausencia completa en el diseño que el Senado aprobó”.
 
Experto en políticas públicas, transparencia y acceso a la información pública, Merino cuestiona el nombramiento de los auditores internos que serían designados por los titulares de las dependencias, quienes tendrían un solo procedimiento de certificación.
 

Además, lamenta que haya “una regresión en cuanto al control interno, tal como está definido en el dictamen de los senadores”.
 
En cuanto al tipo de sanciones, el académico indica que sólo se emitirán recomendaciones cuando se encuentren determinados actos de corrupción que obedezcan a problemas de gestión o de regulación, pero esas sanciones son “laxas” y esta comisión, a diferencia de Derechos Humanos, no tendría la posibilidad de acudir al Senado para que se cumpla su exigencia. No se plantean las zonas que delimitarán los actos de sanción interna o aquellos que alcanzarían el tipo penal.
 

Señala que tampoco está claro bajo qué criterios estaría el órgano de fiscalización, para atraer casos de corrupción en estados y municipios y lo que se perfila, es que sean “escándalos públicos o mediáticos y no un verdadero combate de fondo y sistemático. Lo que es discrecional y alarmante”.
 
Ante la posibilidad de crear órganos anticorrupción locales, dice que sería darle “la Iglesia a Lutero”, pues quedarían en manos de gobernadores con fines persecutorios. “No me parece una buena iniciativa”, concluye el investigador.