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Comisión Nacional Anticorrupción, en punto muerto



Rivelino Rueda
 
A fuego lento, el Senado de la República "cocina" la iniciativa que creará la Comisión Nacional Anticorrupción.

Más allá del significativo paso que dio el Senado de la República con la aprobación de la reforma en materia de transparencia, uno de los grandes pendientes de ese órgano legislativo es la ley constitucional anticorrupción, la cual plantea la creación de un órgano nacional encargado de prevenir, perseguir y sancionar ese delito en la administración pública federal.

Y es que la concreción de un sistema integral de transparencia y rendición de cuentas en México pasa necesariamente por esa reforma, principalmente porque hasta el momento la Secretaría de la Función Pública (SFP) se encuentra en un limbo jurídico debido a que la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece la desaparición de esa dependencia, que será sustituida por el órgano nacional anticorrupción.

Sin embargo, el proceso legislativo de este proyecto de ley -que se discute en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Anticorrupción y Participación Ciudadana- parecería llevar el freno de mano puesto.

La historia

Fue desde 15 de noviembre del año pasado cuando el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentó en la Cámara alta su iniciativa en la materia a través de los grupos parlamentarios de PRI y PVEM, aunque semanas antes las bancadas senatoriales de PAN y PRD ya habían puesto sobre la mesa sus respectivos proyectos sobre ese tema.
 
A casi cuatro meses y medio de la presentación de esa propuesta de reformas constitucionales, las comisiones dictaminadoras han realizado diversas consultas con especialistas en el tema, académicos y funcionarios; han establecido en documentos las coincidencias y las diferencias entre las tres iniciativas, pero no han avanzado en la redacción del proyecto final.

El senador del PRI y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Raúl Cervantes Andrade, aseguró a EL FINANCIERO que el dictamen en la materia estaría listo después del periodo vacacional de Semana Santa, a fin de subirlo al pleno del Senado para su discusión y votación antes del 30 de abril, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones.

Pero la ley anticorrupción podría tener la misma ruta que la reforma constitucional en materia de transparencia, la cual fue aprobada en la Cámara alta en la última sesión del pasado periodo ordinario (20 de diciembre) para luego ser turnada a la Cámara de Diputados, en donde la discusión sobre este tema se encuentra en punto muerto.

Es decir, el posible escenario que le espera a la ley anticorrupción es que sea avalada en la Cámara de Senadores y, una vez que se turne a San Lázaro, se aborde por los diputados federales hasta el periodo de sesiones que va del 1 de septiembre al 15 de diciembre, o en un poco probable periodo extraordinario que se apruebe para el periodo de receso mayo-agosto.

Y, aunque esta legislación forma parte de la agenda común de prioridades parlamentarias que acordaron PRI, PAN y PRD el 18 de febrero, la perspectiva es que, cuando menos este año, la Secretaría de la Función Pública continuará sus funciones como el órgano responsable de combatir la corrupción hasta que los legisladores lo dispongan.
 
 
 

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