José Sánchez Perales
Los bajos niveles de bancarización que existen en México limitarán los alcances de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como antilavado, señalaron especialistas en el tema.
A partir del 17 de enero de 2014 se prevé la presentación de avisos referentes a diversas actividades vulnerables al lavado de dinero, dentro de las que se encuentran juegos y apuestas, cheques de viajero, servicios de construcción, obras de arte, vehículos, blindaje de automóviles, custodia de dinero, entre otros.
Judith Galván, socia de la Práctica de Servicios de Asesoría Financiera-Forensic de KPMG, destacó que las nuevas disposiciones no serán suficiente para combatir dicho delito, debido a que muy pocos mexicanos cuentan con acceso a la banca.
"El problema es que tenemos una economía muy informal y un sistema sub-bancarizado, por lo que el efectivo continua siendo la principal moneda de cambio, mientras que en otros países se utilizan más las transacciones por cheques y tarjetas, y esto no permite que tengamos el mismo nivel que en otros lados", dijo Galván.
La especialista indicó que aunque las empresas tendrán que invertir para poder cumplir con la ley antilavado, está contribuirá en tener una economía más sana.
Añadió que con el cruce de información entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera, entidad de la Secretaría de Hacienda, que recibirá la información de las actividades vulnerables, será más fácil realizar investigaciones de dichos delitos.
Édgar Contreras, director de contraloría de Banco Base, estimó que en el próximo año deberá aumentar el número de juicios en contra del blanqueo de efectivo.
"Lo que observamos es que uno de los retos para México es la adecuada implementación de esta ley; la capacitación será fundamental en esta curva de aprendizaje y para las autoridades será un reto la administración de información que envíen los sujetos vulnerables", dijo.
Los montos de las multas por incumplimiento de la LFPIORPI oscilan entre 200 a 65 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, es decir, entre 13 mil 458 pesos y 4 millones 373 mil 850 pesos.
Cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP indican que al tercer trimestre de 2013 se reportaron 61 denuncias por lavado de dinero.
Archivo