Isabel Becerril
A pesar de que la Ley de Asociaciones Público Privadas (LAPP) cuenta ya con dos años de vida, sus resultados son nulos y se encuentra en 'stand by' un portafolios con 34 mil millones de dólares, recursos del sector privado que están a la espera de ser invertidos a través de este mecanismo.
Los nulos avances se deben, en gran parte, al proceso legal por el que ha tenido que transitar la legislación para arrancar de lleno su operación. Por ejemplo, apenas en julio de 2013, el gobierno dio a conocer los criterios de operación de la LAPP, explicó Juan Pablo Castañón Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La LAPP fue aprobada en diciembre de 2011, y en noviembre de 2012 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el reglamento de la misma.
Castañón Castañón dijo que si realmente se quiere que la ley arroje grandes frutos en 2014, lo primero que hay que hacer es dar certeza jurídica a los inversionistas del lado de los gobiernos estatales y municipales.
Para avanzar en las inversiones público privadas, "es importante generar la confianza; por tanto, los gobiernos locales deben liquidar los adeudos que arrastran con sus proveedores antes de que concluya 2013, lo que haría más atractivo a los inversionistas asociarse con el gobierno", indicó.
Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), apuntó que el proceso legal para concretar esta legislación ha sido muy lento; además de que en 2013 la economía caminó muy despacio.
"Pero yo espero que con la salida de todo el paquete de reformas estructurales se presente un fuerte impulso para utilizar el procedimiento de asociaciones público-privadas, para aprovechar todas las oportunidades que abrirán éstas", comentó.
¿El sector privado ya conoce la ley y está consciente de cómo se trabajará bajo esta reglamentación?
Es cuestión de conocerla más, pero creo que es una herramienta muy útil, valiosa y esperemos que venga su momento con las oportunidades que ofrecerán las reformas.
¿Qué garantías piden ustedes para que se lancen de lleno a invertir bajo las asociaciones público-privadas?
Lo que queremos es que haya oportunidades y que estén muy claros los objetivos y las reglas de este mecanismo.
Urge banco de proyectos
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que el retraso que se ha presentado de las inversiones a través de los esquemas APP, se debe en gran parte al cambio de gobierno en México y, por tanto, a la falta de un banco de proyectos para operar este esquema y a que el presupuesto para los planes de inversión programado para este año se aplicó "un poco tarde, ya en la recta final del ejercicio".
Además, los cambios de funcionarios han provocado que se dé una reconfiguración de las prioridades de inversión en el país, indicó.
Luis Zárate Rocha, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), advirtió que mientras no haya un banco de proyectos prioritarios para invertir, los capitales privados seguirán sin tener interés en asociarse con el gobierno.
Para que la nueva normatividad resulte atractiva para la inversión nacional y extranjera, el gobierno federal también debe crear una coordinación general de asociaciones público privadas en la Secretaría de Economía, con el fin de coordinar la capacitación y difusión de los mecanismos y criterios para utilizar el esquema en los tres órdenes de gobierno y en los sectores que la ley lo permita.
Esta coordinación debe integrar los programas diferenciados por sector; además, debe de funcionar como el vínculo con el resto de las dependencias de gobierno federal para colaborar en materia de diseño y operación de esquemas de APP.
De acuerdo con información de la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC, en el segundo año de gobierno debe crearse una agencia gubernamental de promoción a las APP, que ayude a visualizar, desarrollar e impulsar los proyectos bajo este esquema, tal como ya existe en otros países.
También hay que diseñar un programa al interior de la administración pública federal y otro dirigido a las empresas del sector de la construcción, para la formulación eficiente y expedita de esquemas de APP, porque no basta con la implementación de la normatividad, sino que es imprescindible estimular su uso y facilitar el acceso a estos esquemas para limitar los retrasos y riesgos de discrecionalidad.
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