Isabel Becerril / Eduardo Ortega
Los empresarios aplaudieron la iniciativa de reforma energética del Ejecutivo e hicieron un llamado a los legisladores para que la aprueben, porque de hacerlo el país estará en camino de lograr un crecimiento de 6% sostenido, de no presentar problemas de desabasto en hidrocarburos y de ofrecer mejoría a la población.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, y el del Consejo Mexicano de Hombres de Negocio (CMHN), Claudio X. González, respaldaron el esquema de contratos de utilidad compartida, propuesto en la reforma constitucional en materia energética del presidente Enrique Peña Nieto.
Invitados a la ceremonia de presentación de la iniciativa del gobierno federal realizada en Los Pinos, ambos dirigentes empresariales destacaron 'el éxito' que han tenido los contratos de utilidad compartida en países como Colombia, Brasil y Noruega.
Tras el acto, Gutiérrez Candiani calificó como un cambio 'histórico' este esquema de contratos, porque permitirá potencializar la inversión pública-privada en sectores prioritarios como es petróleo, gas, electricidad y energías renovables.
"Es un esquema histórico que nos va a permitir realmente alcanzar lo que queremos, que haya inversión donde debe haber, que se compartan riesgos, que haya mejores empleos.
"Y seguramente eso se va a traducir en mejores precios de los insumos, en empresas mucho más competitivas, en un país mucho más productivo y eso obviamente se va a ver reflejado en los bolsillos de todos los mexicanos", dijo.
González Laporte dijo que las voces que insisten en que no debe haber cambios constitucionales están equivocadas, porque si no se hacen la reforma no servirá de nada, como sucedió con la de 2008.
Aclaró que los cambios constitucionales no significan la privatización de Pemex, sino sólo la participación del sector privado en el sector.
Francisco Funtanet, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), expuso que si se aprueba la reforma, se logrará explorar, extraer y ofrecer a los consumidores el petróleo y el gas al menor costo posible, con la mejor tecnología disponible y con los más elevados estándares de calidad, eficiencia y confiabilidad.
Es uno de los mejores caminos para reducir los precios de los energéticos a favor de la competitividad de las empresas y de la economía familiar; además de que la modernización tecnológica y administrativa de Pemex no puede posponerse aún más.
Rodrigo Alpízar Vallejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), criticó a los que ya comenzaron a manifestarse en contra de la iniciativa.
Dijo que "los nacionalismos mal entendidos y distorsionados confunden y generan un debate maniqueo, ya que el verdadero debate debería ser no volver a politizar los recursos de la renta petrolera para fines político-electorales, sino concebirlos como una palanca de desarrollo para impulsar la productividad del país".
Jorge Dávila Flores, líder de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), expresó que la apertura del sector energético a la inversión privada es necesaria para que México no se quede rezagado respecto de otros países.
Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que si en la reforma energética sólo se presentaran cambios a las leyes secundarias, ésta seguirá siendo superficial, porque no cambiaría la estructura que prohíbe constitucionalmente la colaboración público-privada para la exploración y explotación de los hidrocarburos.
Al no eliminarse esa prohibición, México continuaría con una tasa de exploración de hasta seis pozos en cinco años, cuando se requieren 50 al año, para aprovechar competitivamente la riqueza, expuso.
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