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Vergara alega afectaciones psicológicas por proceso judicial

El dueño del equipo de futbol Chivas interpuso un recurso de queja, derivado de la petición de un amparo en la que segura temer sea despojado de todos sus bienes a consecuencia de un litigio civil.
Juan Carlos Huerta Vázquez / corresponsal
16 abril 2015 15:26 Última actualización 16 abril 2015 15:43
Jorge Vergara, uno de los accionistas mayoritarios de Chivas. (Cuartosucro/Archivo)

El empresario Jorge Vergara asegura que padece daños psicológicos a consecuencia del proceso civil que enfrenta. (Cuartosucro/Archivo)

GUADALAJARA, Jalisco.- El empresario Jorge Vergara asegura que padece daños psicológicos a consecuencia del proceso civil que enfrenta, además que acusa acciones hostigosas de parte de las autoridades.

El dueño del equipo de futbol Chivas interpuso un recurso de queja, derivado de la petición de un amparo en la que segura temer sea despojado de todos sus bienes a consecuencia de un litigio civil.

El recurso de queja con número 78/2015 fue revisado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil, porque el Juez Quinto de Distrito no concedió suspensiones juduciales que pretendía el empresario.


El presidente de la empresa Omnilife acusa tormentos y una tentativa, por parte de autoridades, de confiscarle diversos bienes de su propiedad; y es que dice que la presencia constante e ininterrumpida de elementos, al parecer de corporaciones policiales, le provocan afectaciones psicológicas.

Señaló que los presuntos policías se mantienen en el exterior de las instalaciones en las que él trabaja, es el caso del Club de fútbol Verde Valle, el plantel denominado Educare y las oficinas de Omnilife en la avenida Naciones Unidas, de las que se ostenta como dueño y administrador.

Considera que con estas acciones se pretende, de manera continua y prolongada, infundirle miedo, terror, congoja, preocupación y angustia; consira estos actos como una amenaza que le ocasionan incertidumbre, de que pudiera beneficiar a las personas con las que sostiene un litigio civil.

En el documento, afirma que la presencia de esas personas es con el fin de ejecutar una orden judicial de desalojo y apropiarse de esos inmuebles o de los muebles que se encuentran en tales domicilios, además que, considera, se persigue su renuncia como presidente de los corporativos de su propiedad o la prohibicion de ejercer como tal.

Vergara también reclamó la ejecución de una orden de confiscación en bienes, ya que desde el dos de abril del año en curso, en que se presentaron tres personas que dijeron ser “de un
juzgado” en compañía de los elementos, al
parecer de diversas corporaciones policiacas, quienes refirieron que su intención era ejecutar una orden de “apropiación”.

Agrega que los presuntos funcionarios judiciales le refirieron que se pretende impedir que se desempeñe las funciones directivas en las sociedades a su cargo, lo que considera un acto de violencia, y que contraviene los presceptos de ley.

Los integrantes del Tribunal dieron cuenta de que en la petición de amparo Vergara reclamó, entre otros actos, el tormento del que es objeto, y que no se consumó la diligencia señalada; afirma que el hecho le produce congoja, terror y angustia psíquica, al no saber si se va a repetir una nueva visita de los presuntos funcionarios judiciales, y para entonces si cumplan con las amenazas.

Por su parte, el Juez Federal negó la suspensión de plano, al estimar que en los hechos narrados, lo se advierten tormentos; y esa determinación fue ratificada de manera unánime, por los miembros del Tribunal que conoce de la queja, y que la permanencia de policías afuera de los domicilios que refirió, no conlleva a considerar que se trate de infligit tormentos al empresario.

También se desestimaron los argumentos de afectaciones psicológicas, ya que la presunta presencia de los funcionario judiciales obedece a que están haciendo su trabajo.

De igual forma los Magistrados desestiman el tomernto ocasionado por la presencia de policías, porque es parte de sus injerencias, dado que se trata de un acto de autoridad, pues incluso, el Código de Comercio y la legislación civil adjetiva del Estado, prevén el auxilio de la fuerza pública para ejecutar las órdenes judiciales.

Es así que el Tribunal, integrado por los
Magistrados: Eduardo Francisco Núñez Gaytán, Francisco Javier Villegas Hernández y Jaime Julio López; declaró que no hay fundamentos legales para la queja interpuesta, y considera que el juez amparista actuó de manera adecuada.