Carmen García Bermejo
En México urge una ley que regule el funcionamiento, la construcción y el financiamiento de los medios de comunicación de servicio público, ya que éstos sólo existen en el discurso y no en las normas. Por eso, es el momento de incluir a estos medios en las leyes secundarias derivadas de la reciente reforma en telecomunicaciones o, de lo contrario, seguirán funcionando como radiodifusoras del gobierno.
Justo ahora que en México se ha promulgado la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y que está en proceso la elaboración de sus leyes secundarias, especialistas en la materia subrayan la importancia de insertar en estas leyes secundarias la figura jurídica de "medios públicos" que, a la fecha, no existe. Lo que hay en la Ley Federal de Radio y Televisión son medios permisionarios, dependientes de los gobiernos federal y estatales. Pero las radiodifusoras y televisoras de servicio público no están reconocidas como tales en una ley específica.
Este debate se dio en el Primer Encuentro Internacional de Televisión Pública, organizado por el Canal 22 en Villahermosa, Tabasco, con motivo de su vigésimo aniversario. Entre los participantes hubo discrepancias con respecto a la existencia o no de los medios públicos en México. Pero, al final, un aspecto quedó claro: si la radio y la televisión de servicio público no están reconocidas dentro de un marco jurídico como tales, continuarán operando como organismos del gobierno y apegadas a la política oficial.
Ernesto Velázquez Briseño, director de TV-UNAM, fue quien alertó de esta situación. Aunque indicó que parece una incongruencia hablar de este tema en un encuentro, precisamente, de televisión pública, lo cierto es que los medios públicos todavía no existen legalmente en el país:
"En ese sentido —agregó—, los grandes avances que contiene la reforma en materia de telecomunicaciones se deben trasladar en independencia editorial, en garantía de participación ciudadana, en alternativas de financiamiento, en autonomía de gestión financiera y en apoyos a la producción independiente como los elementos más emblemáticos hacia la legislación secundaria, para que existan los medios de servicio público no sólo en el discurso, sino en las leyes."
Velázquez Briseño reconoció que en el país hay una desigualdad de condiciones para operar entre las radiodifusoras permisionarias existentes, y que hay medios educativos y culturales de enorme tradición y de gran calidad en México:
"Pero la discusión —precisó— es que no existen medios públicos. Y si hasta ahora la radio y la televisión cultural y educativa han conquistado espacios por su calidad, este atributo tiene que verse fortalecido con una verdadera legislación porque en ningún lugar de la Ley Federal de Radio y Televisión, hasta el día de hoy, se habla de medios públicos."
TV pública imperfecta
En su turno, Enriqueta Cabrera, directora de Canal 11, del Instituto Politécnico Nacional, expresó su discrepancia con lo planteado por Velázquez Briseño, al considerar que existe una televisión en el país, con una historia más o menos larga, que no es comercial. Y puso como ejemplo a la emisora que dirige, ya que, en 2014, cumplirá 55 años:
"La TV en México nació, primero, como tele privada en los años cincuenta —argumentó—. Fue el Canal 4, en el tiempo de Miguel Alemán Velasco, el que entró en operación. Esto nos da una característica distinta a los medios que hoy queremos llamar 'medios públicos'. Digo, disiento [de Velázquez Briseño] porque creo que estamos en un momento de definiciones; en una encrucijada donde existe la enorme posibilidad de igualar las condiciones en las que se desarrollan los medio públicos y los medios privados."
Sin darse cuenta de que planteaba, de otra forma, lo que el director de TV-UNAM señaló, Cabrera explicó enseguida que una de las características de las televisoras públicas en México es que la mayor parte son permisionarias, no concesionarias. Y afirmó que una de las cosas que plantea la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones es que habrá un sólo régimen: el de las concesiones.
"Esto significa —aseveró la funcionaria de Canal 11— que tendremos el reto de pensar cuál es el papel de la comercialización para los medios públicos. Yo creo que tiene que ser totalmente distinto al de los medios privados. Posiblemente podamos comercializar una parte de nuestro presupuesto, pero esto no supone que dejemos de tener recursos públicos, ya que son los que nos dan la posibilidad de hacer otro tipo de televisión. Sí: estamos en una encrucijada. Nosotros nos reconocemos como TV pública imperfecta, porque todavía nos hacen falta cosas que tienen que ver con un vínculo mayor con la ciudadanía."
Por su parte, Raúl Cremoux —director del Canal 22—, se salió de la discusión sobre la importancia de que los medios públicos sean reconocidos en una ley y, entonces, propuso crear un sistema nacional de radio y televisión culturales, olvidándose de que en el periodo de Carlos Salinas de Gortari el gobierno remató, en 1993, el Instituto Mexicano de Televisión (Imevisión), con sus dos redes nacionales: el Canal 13 (con 90 emisoras) y el Canal 7 (con 78 emisoras), además de los canales 8 de Monterrey, 2 de Chihuahua, 11 de Ciudad Juárez y el 22 del DF (que se salvó y, ahora, dirige el propio Cremoux).
Aun así, planteó:
"Pareciera ser que lo educativo y lo cultural tienen un rezago considerable. En tanto que lo comercial y, sobre todo, el crecimiento de la población, nos desforma. ¿Cómo transmitir cultura a tantas comunidades de nuestro país que, a veces, no cuentan con lo indispensable para vivir? Éste es un reto brutal… Tenemos 30 millones de educandos atendidos por un millón 300 mil profesores. ¿Qué hacemos con niños que no van a la escuela y, los que van, asisten a ésta sin haber comido? Por ello, es necesario un sistema nacional de radio y televisión culturales. Lo veo más allá de la función pública que debe tener la tele, lo veo de manera totalmente articulada con las necesidades que hoy tenemos, y las del futuro."
La experiencia legal en Argentina
En este encuentro de TV pública, quien también tocó el tema medular de los medios educativos y culturales fue Martín Bonaventti, director del Canal 7 de Argentina, quien explicó la forma en la que, en 2009, se emitió la nueva Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en su país, donde quedó asentado el perfil de la televisión pública argentina.
"En los últimos 30 años —apuntó—, la televisión estatal argentina ha sufrido un devenir, producto de situaciones más que vergonzosas: ha sido utilizada por gobiernos como su medio de comunicación, ha sido usada como canal que 'competía' con los medios privados y ha sido manejada con la lógica mercantil. Todo esto ocurrió en tanto no existía una ley que regulara su funcionamiento, su financiamiento y su construcción, a mediano y largo plazos. Para nosotros, que hoy estamos a cargo de la TV pública, la existencia de la ley es determinante para cambiar todos esos aspectos."
Bonaventti aseguró que la institucionalidad no es algo que surja al día siguiente de promulgada la ley. Se trata de un proceso de construcción que lleva muchos periodos de recambio y experiencias compartidas. Puso como ejemplo la televisión pública europea, la cual surgió de un mercado de telecomunicaciones regulado por el Estado. Y eso existe, dijo, en la medida en que hay una ley que le permite ese funcionamiento.
"Más allá de la honestidad de los funcionarios —añadió—, si no existe una ley, la institucionalidad puede ser algo pasajero. Ahora, en tanto no se resuelva legalmente el monopolio de los medios de comunicación, el discurso editorial de la televisión pública pierde sentido. El monopolio condiciona inevitablemente la razón de ser de la tele pública porque la condena a esos lugares marginales, la excluye de los lugares donde los monopolios sienten que los individuos son solamente clientes. Entonces, la TV pública termina siendo una televisión residual y, en muchos casos, se la ve como una emisora para pobres".
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