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La justicia española sigue tras Rosell y el Barcelona

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó al juez Pablo Ruz que se enjuicie al ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell, y al propio club por probable delito fiscal en la irregular contratación del delantero brasileño Neymar, procedente del equipo brasileño Santos.
Notimex
02 febrero 2015 22:58 Última actualización 03 febrero 2015 5:0
Rosell compareció ante Ruz en la Audiencia Nacional y defendió la legalidad del fichaje del brasileño Neymar. (Reuters)

Rosell compareció ante Ruz en la Audiencia Nacional y defendió la legalidad del fichaje del brasileño Neymar. (Reuters)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó al juez Pablo Ruz que se enjuicie al ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell, y al propio club por probable delito fiscal en la irregular contratación del delantero brasileño Neymar, procedente del equipo brasileño Santos.

El fiscal del caso, José Perals, considera que Rosell decidió asegurarse el fichaje del brasileño aumentando los pagos y ocultando esos incrementos a Hacienda, además de no reflejarlos en las cuentas de la institución, por lo que el directivo incurrió en tres delitos fiscales y el club en otros dos.

El pasado 22 de julio, Rosell compareció ante Ruz en la Audiencia Nacional y defendió la legalidad del fichaje del jugador, al asegurar que la operación costó 57 millones de euros (unos 74 millones de dólares); aseguró que se pagaron 40 millones de euros (unos 51 mdd) a la sociedad encabezada por el padre de Neymar, y 17.7 millones de euros (casi 23 mdd) por los derechos federativos al Santos de Brasil.

En diciembre de 2013, Jordi Cases, socio del Barcelona, presentó la denuncia y el 10 de enero de 2014 el fiscal José Perals pidió a Ruz aceptar la querella al considerar que los contratos firmados por Rosell por la compra de Neymar “alteran la finalidad del concepto de pagos”. Se estima que el precio real que pagó Barcelona fue de 94.8 mde y que existen dos contratos de 2011 y 2013.

El juez Pablo Ruz valoró que una vez revisada la documentación, “se desprenden suficientes elementos” para investigar ante la posible “simulación contractual presuntamente llevada a cabo por los firmantes”.