José Antonio Gurrea C. / Enviado
Acapulco, Guerrero.- La aprobación del proyecto de decreto del gobierno estatal, por medio del cual se pretende regular a la policía comunitaria, podría desencadenar un grave conflicto entre la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y las autoridades estatales, así como escalar la confrontación entre policías comunitarios y grupos de autodefensa.
Eliseo Villar, coordinador de este organismo en San Luis Acatlán, dijo a EL FINANCIERO que el citado decreto pretende quitarles facultades "de justicia y reeducación", y convertirlos en auxiliares del Ministerio Público (apenas el domingo pasado el secretario de gobierno estatal, Humberto Salgado, firmó una minuta para aplazar el decreto por dos meses.)
"No lo vamos a permitir", expresó Villar, y argumentó que eso contraviene "la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que acepta las formas de impartición de justicia de la policía comunitaria".
Además, advirtió que si el gobernador "se pasa, abusa de la confianza" y emite el decreto, tendremos que tomar una serie de acciones. "No nos vamos a dejar. Vamos a luchar. Por lo pronto, mañana (miércoles) estaremos en el DF y haremos una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Será una manifestación de las policías comunitarias a nivel nacional.
"No sería la primera vez que luchemos, pues (el exgobernador) René Juárez nos quiso desarmar y estuvimos a punto de llegar a la confrontación. Finalmente dialogamos y llegamos a un arreglo."
Los puntos
El citado proyecto de decreto precisa, entre otros puntos, que la policía comunitaria sólo puede hacer detenciones en flagrancia, que debe entregar de inmediato a los detenidos a las autoridades correspondientes y que de ninguna manera se consideran válidos los "tribunales populares".
Villar comentó que eso le parece injusto, pues durante 17 años "nuestros jueces han valorado los delitos y establecido penas que tienen que ver con la reeducación de los detenidos, con trabajos para la comunidad durante el día; en la tarde, se les da consejos con los ancianos de los pueblos. Se les dan todos los alimentos, hay visita conyugal, se les respetan los derechos humanos. Sólo en la casa de justicia de San Luis Acatlán tenemos 26 detenidos. Y le puedo asegurar que en nuestros territorios el índice de delitos ha bajado hasta 95 por ciento".
Por el contrario, Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que aglutina a los grupos 4 de autodefensa de la entidad, anunció que previa consulta aceptarán la propuesta de decreto del gobernador para regularizar a las policías comunitarias. Dijo también que su organización iniciaría el proceso de conformación de la policía comunitaria, por lo que daría por terminado el movimiento de autodefensa de Ayutla y Tecoanapa.
Sobre el caso, Eliseo Villar acotó que eso no es posible pues para conformar una policía comunitaria se requiere la autorización de la asamblea regional, ya que "la policía comunitaria tiene que ser electa por los pueblos; una decisión unilateral no tiene ninguna validez".
Explicó que formar a los elementos de la policía comunitaria consta de todo un proceso de integración y capacitación, en que se da a conocer el reglamento, se capacita a los policías en el manejo de armas y en la protección a los derechos humanos; "además, los elementos deben ser escogidos entre personas honorables. Nuestro sistema está institucionalizado a nivel internacional".
Sobre las declaraciones de Plácido en el sentido de que aceptarán el decreto gubernamental, señaló que "está en su libertad de hacerlo. Los grupos de autodefensa no tienen nada que ver con nosotros. Se trata de otro sistema".
-¿Cuáles son las principales diferencias?
-Ellos como autodefensa, se tapan el rostro, no utilizan uniforme. Nosotros andamos con el rostro descubierto, tenemos uniforme reglamentario, credencial, un reglamento interno, respetamos los derechos y las garantías individuales.
"Si quieren andar con el rostro descubierto está bien, pero no tienen por qué llamarse policía comunitaria, pues no hay acuerdo con la CRAC y con las comunidades. Repito: nosotros somos electos en asamblea y operamos bajo la ley 701. Tenemos más de 1,200 policías en 208 comunidades.
Al ser interrogado sobre si aceptarían el decreto del gobernador Ángel Aguirre para regularizar a las policías comunitarias, Bruno Plácido, de la UPOEG, dijo que los grupos de autodefensa necesitan ser regulados por alguna autoridad. Creo que la ley 701 nos puede cobijar a todos; sólo falta poner las reglas, pero necesitamos, como ciudadanos, poner todo esto a consulta y decir sí aceptamos.
Por otra parte, negó que exista alguna diferencia con la CRAC. "Hay algunas opiniones encontradas solamente, pero sobre todo hay respeto. Finalmente, la CRAC y la UPOEG buscan la seguridad y la justicia, y ahora nosotros también el desarrollo de los pueblos que hemos sido abandonados durante muchos años."
Infiltración
Desde la parroquia de San Nicolás de Bari de la colonia La Laja, el padre José Jesús Mendoza señala que la conformación de los grupos de autodefensa "tiene un aspecto positivo, pues tiene que ver con la legitimidad de la defensa del patrimonio, de la familia o de la integridad personal.
"Otra cosa positiva es que la autodefensa no se ha colocado en una situación de confrontación con el Estado; es decir, no busca desestabilizar ni crearle problemas al gobierno".
Sin embargo, opina que tendrá que llegar el momento en que tengan que desarmarse pues donde están las armas se genera otra clase de problemas.
Explica que otro de los riesgos es la posible infiltración del crimen organizado, y narra que hace un año en la sierra de Petatlán los pobladores organizaron un grupo de autodefensa ante el constante acoso de uno de los cárteles.
"Hubo enfrentamientos y el hostigamiento seguía, por lo que le gente de la sierra tuvo que pactar con otro cártel del crimen organizado. Terminaron siendo infiltrados."
Esta problemática, alertó, se puede desencadenar, pues el crimen organizado con todas las grandes capacidades que tiene pueda cooptar este tipo de situaciones."
El padre Mendoza dijo que las autoridades federales no tienen una visión de posibles soluciones, pues deberían aprovechar todo este capital social para construir respuestas.
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