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Dispendio de los recursos públicos del Conaculta

10 febrero 2014 5:0 Última actualización 14 agosto 2013 5:10

[Cuartoscuro]


 
 
 
 
Carmen García Bermejo
 
 
La falta de legalidad y transparencia en la planeación, programación y administración de los recursos federales para conocer las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias que ejecuta el Conaculta, revelan que esta dependencia no cumple con las disposiciones normativas aplicables al manejo de los recursos públicos asignados.
 
 

Así lo confirma la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la cuenta pública 2011, en la que determinó probables recuperaciones por 34 millones 62,700 pesos, pero también 571 millones 596.000 pesos por aclarar.
 
 

Graves son los resultados arrojados por la fiscalización del presupuesto que ejerció el Conaculta en 2011, entonces dirigido por Consuelo Sáizar. La ASF comprobó que, en ese año, el Conaculta no reconoció los adeudos de ejercicios fiscales anteriores reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal por 516 millones 708,100 pesos, lo que generó un pasivo circulante por 1,187 millones 301,300 pesos que no registró ante la Secretaría de Hacienda.
 
 

En esta revisión, el órgano fiscalizador verificó igualmente que el Conaculta tampoco demostró que los saldos por 34 millones 62,700 pesos, arrojados por el manejo de 22 cuentas bancarias, estaban devengados al 31 de diciembre de 2011.
 
 
Asimismo, las partidas 'Otras asesorías para la operación de programas' y 'Exposiciones' no se sujetaron a los lineamientos para regular los gastos restringidos. Se resalta que en la administración de Consuelo Sáizar se realizaron adjudicaciones directas por 31 millones 991,700 pesos, sin garantizar las mejores condiciones para el Estado.
 
Contratos sin límite
 
 

Son distintos los programas y áreas revisadas por la ASF. Los que presentamos, son una pequeña muestra. Como la partida 'Otras asesorías para la operación de programas', en la que el Conaculta ejerció 226 millones 31,900 pesos, de los cuales la ASF revisó 191 millones 253,200 pesos, ya que se destinaron a la contratación de servicios profesionales para la realización del Festival Internacional Cervantino (FIC): pago de artistas, asesoría jurídica, producción de videodocumentales y coediciones de libros y discos compactos.
 
 
Cabe precisar que este gasto es de carácter restringido de acuerdo con las normas vigentes emitidas, en 2011, por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, además, está contemplado dentro de las 'Disposiciones de austeridad, ajuste y gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública'.
 
 
Aún así, se constató que en todos los casos no se elaboró la 'Solicitud de autorización para gastos restringidos', en la cual se debe precisar el objetivo y el costo de los bienes o servicios a contratar, el programa al que contribuyen, el producto que será entregado, la población a beneficiar, los riesgos y/o implicaciones de no contratar lo propuesto, así como el lugar, duración y número de personas.
 
 

Al respecto, el Conaculta contestó “no tener la obligación de elaborar esa solicitud”, ya que la sustituye con el documento interno 'Acuerdo de autorización', acreditado por la Dirección de Administración de la ASF.
 
 

Pero la misma ASF precisa que los lineamientos para regular los gastos restringidos obligan a los órganos desconcentrados de la SEP (como el Conaculta) a cumplirlos en su totalidad.
 
 

Agrega que, además, esta dependencia tampoco informó a la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP la descripción precisa del objetivo del los contratos, ni emitió el dictamen donde se comprueba que no se contaba con personal capacitado o disponible para la realización de los servicios negociados, ni las áreas requirentes emitieron los informes con los resultados obtenidos y la forma en que esos servicios ayudaron a alcanzar lo propuesto, reportes que debieron entregarse a Consuelo Sáizar y al Órgano Interno de Control.
 
 

Como tal cosa no ocurrió, la Auditoría Superior solicitó al Órgano Interno de Control en el Conaculta realizar las indagaciones y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que incumplieron dichos lineamientos.
 
 
En la partida 'Otras asesorías para la operación de programas', la Dirección del Festival Internacional Cervantino, entonces a cargo de Lydia Camacho, comprobó con cuatro 'Cuentas por liquidar certificadas' un total de 41 millones 471,600 pesos.
 
 
El mecanismo que utilizaron las direcciones de Administración del Conaculta y del FIC para la comprobación del gasto, se realizó en forma acumulativa, lo cual dificulta la fiscalización, omitiendo los mecanismos adecuados para el registro y generación de información clara, con acceso ágil y sencillo para la transparencia y rendición de cuentas. Por lo que la ASF recomienda a dicha dependencia implemente mecanismos de control y supervisión con el fin de que se establezcan políticas respecto de la forma en que se comprueben los gastos.

Neutralizar y desarmar

En marzo de 2011, el Conaculta contrató, mediante adjudicación directa, los servicios profesionales de la empresa Guerra Castellanos y Asociados, a cargo de Gabriel Guerra Castellanos (hijo de Ricardo Guerra y Rosario Castellanos), por un monto de dos millones 41 1,600 pesos para realizar el análisis y diagnóstico del problema que la dependencia enfrentaba por la polémica construcción del Centro Cultural Elena Garro, en Coyoacán, con el propósito de 'determinar los distintos escenarios posibles y sugerir las acciones a realizar para dar solución al mismo'. De acuerdo con los informes de actividades mensuales entregados por la citada empresa, los objetivos de su servicio fueron, entre otros, lograr el retiro de los sellos de clausura colocados a la obra y conseguir el aval a la misma, así como neutralizar y/o contrarrestar posibles riesgos a la imagen del Conaculta.
 
 

Para ello, identificó a los principales actores (aliados y opositores) del caso; estableció comunicación constante y reuniones con directivos del Conaculta, Educal, integrantes de Comité Vecinal y otros líderes del lugar; realizó un monitoreo del tema en redes sociales y medios de comunicación, planeó el desarrollo de posibles escenarios y elaboró notas con recomendaciones.
 
 

Para la contratación de Guerra Castellanos y Asociados, el Conaculta no emitió el dictamen donde comprobara que no cuenta con personal capacitado o disponible para la realización del servicio solicitado, a pesar de tener una dirección de Asuntos Jurídicos. Tampoco elaboró el informe donde se dieran a conocer los resultados y la forma en que ese servicio contribuyó a conseguir los objetivos planeados. El reporte tenía que haberse entregado a la titular de la dependencia y al Órgano Interno de Control.
 
 
La erogación fue con cargo a la partida restringida 'Otras asesorías para la operación de programas', que tampoco se reportó a la Dirección de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP.
 
 

Por eso, la ASF solicitó al Órgano Interno de Control en el Conaculta indague y, en su caso, aplique el procedimiento administrativo por actos u omisiones de los servidores públicos que contrataron a dicha empresa.
 
 

Otro aspecto que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue que la Secretaría Cultural y Artística del Conaculta, entonces a cargo de Roberto Vázquez Díaz, contrató por adjudicación directa al cineasta Arturo Ripstein y Rosen para la producción de 17 documentales y DVD 'autoreados' de la colección Creadores Eméritos y Premios Nacionales de Artes y Literatura y de la serie Ganadores del Premio Nacional de Ciencias y Artes.
 
 

Servicio por el cual pagó 6 millones 312,500 pesos. Pese al oneroso gasto, la Dirección de Administración y el área contratante eximieron a Ripstein de la entrega de las fianzas para garantizar el cumplimiento de lo pagado.
 
 

Además, dicha Secretaría Cultural y Artística no justificó su decisión de otorgar el contrato por adjudicación directa, omitiendo los criterios de economía e imparcialidad. Asimismo, se constató la existencia de cineastas y especialistas en realización de documentales tanto en el Centro de Capacitación Cinematográfica como en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.
 
 
En los 17 videos digitales en formato Betacam SP y DVD se confirmó que el cineasta contratado no realizó los trabajos por él mismo y que requirió de la utilización de más de un especialista o técnico para las actividades de edición, música, fotografía, guión y dirección, así como diseño gráfico, sonido y producción. En este sentido, el Conaculta omitió lanzar el proceso de adjudicación que garantizara las mejores condiciones para el Estado, lo que significa que no ejerció los recursos con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia y economía.
 
 
Por ello, la ASF solicita al Órgano Interno de Control indague y aplique las sanciones correspondientes. Con respecto a la contratación de servicios para coeditar los discos compactos Los años de la Revolución —un par de volúmenes integrado por 40 temas musicales, con un tiraje de 100 mil unidades y realizados en 2010 por la empresa disquera Orfeón Videovox—, el Conaculta pagó 5 millones 800,000 pesos, con el fin de “acrecentar en ejemplares y contenido el acervo de las bibliotecas públicas y de aula en el país”.
 
 
El 27 de agosto de 2012, la ASF realizó la inspección física de los controles de inventario de los 100,000 CD’s y detectó que, según lo asentado en los documentos, había 3,400 discos en el almacén, el resto se distribuyó en diferentes áreas de dirección de esa dependencia. No obstante la Dirección General de Bibliotecas, a la cual se le entregaron 45,400 discos, es la única unidad administrativa que tiene relación con el objetivo de la compra. Los otros 47,820 discos fueron repartidos en 11 áreas administrativas y se identificó que siete mil 815 CD’s más se distribuyeron indebidamente a funcionarios del Conaculta y del Centro Nacional de las Artes, así como a presidentes municipales, servidores públicos de las secretarías de turismo de los estados de la República, del Sistema de Transporte Colectivo Metro y a algunos ciudadanos que asistieron a eventos culturales.

Gratificantes festines
 
La ASF también comprobó que el Conaculta gastó un total de 172,100 pesos por concepto de 'banquetes' para el Homenaje Luctuoso a Octavio Paz, a 13 años de su muerte, realizado en el Instituto Mora; el Día Mundial del Libro organizado en la explanada de Bellas Artes, y la presentación de la Colección Sergio Pitol, en el Centro Cultural Bella Época.
 
 
También erogó 21,100 pesos por 'servicios de coctelería' para la presentación del libro Confieso que he comido, de José Iturriaga. El Conaculta también pagó a la administración del Auditorio Nacional un total de 7 millones 967,000 pesos distribuidos de la siguiente forma: Concierto de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nacional (de la empresa TV Azteca) y I Festival Infantil Niños con Ritmo de Paz y Libertad (1 millón 371,700 pesos); la proyección de la película Hidalgo/ La historia jamás contada (330,300 pesos); Homenaje a Mario Moreno Cantinflas, a 100 Años de su Nacimiento (265,000 pesos); México Celebra a Plácido Domingo en su 70 Aniversario y 50 Años de su Debut en México, en el marco de los 90 años de la Secretaría de Educación Pública (7 millones de pesos).
 
 

Como no hay documentación que detalle los servicios prestados, la ASF afirma que con estos gastos se comprueba la falta de racionalidad, austeridad y transparencia en la planeación y administración de los recursos federales asignados anualmente al Conaculta.
 
 

En otro rubro, esta dependencia contrató, por adjudicación directa, a la empresa Artmex Viajes, para la conmemoración del Día de la Independencia realizada el 15 de septiembre de 2011 en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. El costo del festejo fue de 54 millones 887,900 pesos.
 
 
En el convenio se describen de manera general los servicios cobrados por concepto de talento artístico, verbena, producción, escenario principal, adaptación del área de camerinos al lado de la Catedral, personal de producción, transporte de materiales y equipos, pirotecnia y extras durante el evento.
 
 

La ASF identificó que, para este negocio, el Conaculta carece del expediente de contratación que soporte dicha adjudicación y el contrato original que ampare el acuerdo de voluntades mediante el cual se adquirieron los derechos y obligaciones entre la entidad fiscalizada y Artmex Viajes. Con relación a la recepción y aceptación de los servicios, el Conaculta sólo presentó la factura validada por el administrador de esa dependencia y no la constancia de la recepción, como lo indica la Secretaría de la Función Pública.
 
 
Tampoco dio cumplimiento a las disposiciones señaladas en los 'Lineamientos para regular los gastos restringidos', y carece de la documentación justificativa que ampare la obligación del millonario pago realizado.
 
 

En suma, la Auditoría Superior de la Federación asevera que los servicios prestados para la conmemoración del Día de la Independencia (15 de septiembre de 2011) en la Plaza de la Constitución, no estuvieron debidamente justificados. Por lo que solicita al Órgano Interno de Control de Conaculta realice la investigación y proceda a la sanción correspondiente.