Cristiano Ronaldo deberá comprobar que pagó sus impuestos en los países en los que hizo contratos para explotar su imagen, para reducir una probable sentencia de la justicia española, asegura Ernesto Meade, abogado con especialidad en derecho deportivo de la Barra Nacional de Abogados.
"La siguiente etapa del litigio es un proceso de instrucción, en el que la juez Mónica Gómez –encargada del caso- pedirá declaraciones de testigos y pruebas. Los primeros testimonios que solicitó fueron los de Jorge Mendes –representante del futbolista-, Luis Correia –sobrino del agente- y Carlos Osorio de Castro –abogado de Mendes-, quienes también son investigados porque ayudaron o tienen información de la supuesta defraudación del delantero. La fiscalía y Cristiano Ronaldo también podrán aportar testigos o declaraciones que los ayuden a sustentar su postura", agrega Santiago Nebot, exabogado del sindicato de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).
El portugués compareció ayer ante las autoridades en el Juzgado Número Uno de Pozuelo de Alarcón -ubicado a las afueras de Madrid-, tras ser señalado por la fiscalía de cometer cuatro delitos fiscales por un monto de 14.7 millones de euros entre 2011 y 2014. Respondió preguntas durante una hora y media y, por momentos, se le vio nervioso y sudoroso. Al final del interrogatorio se declaró inocente.
El delantero informó mediante un comunicado -que leyó uno de sus representantes- que siempre hizo sus declaraciones de impuestos voluntariamente. "Todos tenemos que declarar y pagar nuestras obligaciones tributarias de acuerdo a nuestros ingresos", mencionó.
El despacho de abogados Baker & Mackenzie –que lleva la defensa del futbolista del Real Madrid- informó que un porcentaje menor de los derechos de imagen del jugador son generados en España por lo que, según la organización, sólo estos debieron ser pagados ahí.
La firma presentó –según información del diario El País- un informe de la consultora internacional Nielsen, en el que se lee que sólo el 6.1 por ciento de los ingresos cobrados por estos derechos se generaron en territorio español. El documento señala que el 98 por ciento de los seguidores de Facebook y el 91 por ciento de las conversaciones referentes al delantero, provienen de usuarios que no son españoles.
Nebot explica que el error Cristiano Ronaldo fue que no informó que estaba relacionado con una sociedad ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, que se encargaba de negociar sus derechos de imagen cuando llegó a España (2009). Cualquier deportista o artista en el país, dice, puede tener una sociedad fuera del territorio, pero debe notificarle a Hacienda sobre esa situación. "Está prohibido que lo omitan", señala.
El atacante ve la situación diferente. Sostuvo que siempre siguió las instrucciones de sus asesores y que si no se llamara Cristiano Ronaldo no tendría que estar bajo investigación.
Meade menciona que en caso de que la fiscalía compruebe los delitos es improbable que sea encarcelado, porque la justicia española considera que son tipificados como no graves, debido a que el acusado no tiene antecedentes y la sentencia penal será menor a dos años. "Pero no se salvará de una multa millonaria para pagar el fraude y los daños que pudo causar. Es un caso similar al de Lionel Messi –que fue sentenciado por defraudar 4.1 millones de euros en 2007 al 2009- en el que el caso tardó en resolverse aproximadamente dos años. Podría solucionarse antes si acepta su culpabilidad".
Según el exabogado de la AFE, el departamento de justicia podría reducir la sentencia si el atacante demuestra que tuvo la voluntad de regular su pago de impuestos en 2014. "Es probable que así haya sido, porque en ese año comienzan los señalamientos de irregularidades fiscales de los futbolistas. Al ver la situación, Cristiano quiso ponerse al margen para evitar problemas".
La situación para Jorge Mendes podría ser diferente. La semana pasada fue llamado a declarar por el fraude fiscal de 5.6 millones de euros de Radamel Falcao, también, a la Hacienda española. Nebot explica que si la justicia juzga los casos del colombiano y el de Cristiano como independientes, el agente podría terminar en prisión si lo encuentra culpable.
Ve cerca la libertad
Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional Española, otorgó la libertad bajo fianza a Ángel María Villar –presidente suspendido de la Federación Española de Futbol y encarcelado por un supuesto caso de corrupción-, a su hijo Gorka y a Juan Padrón –vicepresidente suspendido del organismo-.
La fianza para Villar y Padrón fue de 300 mil euros, mientras que la de Gorka –también exasesor de la Conmebol- se fijó en 150 mil.
Pedraz confiscó los pasaportes a los acusados, les ordenó presentarse semanalmente a la corte y proporcionar números telefónicos para localizarlos en cualquier momento. El juez, por lo anterior, consideró que son medidas suficientes para que obtuvieran la libertad bajo fianza.
A Ramón Hernández –secretario de la Federación de Tenerife- se le otorgó hace dos semanas una fianza de 100 mil euros que ya pagó. A él no se le dictó prisión preventiva.
Villar -que desde 1988 preside la Federación Española de Futbol- fue suspendido del cargo por un año la semana pasada por la máxima autoridad del deporte en España, el Consejo Superior de Deportes (CSD). También renunció a las vicepresidencias de la FIFA y la UEFA.
Aguirre toma oxígeno
La magistrada Isabel Rodríguez -encargada del caso de amaño del partido entre el Levante y el Zaragoza de 2011, en el que Javier Aguirre fue señalado de participar- suspendió provisionalmente la investigación, debido a que no existen pruebas suficientes para procesar a los futbolistas y técnicos que participaron en el encuentro.
Aguirre –que entonces era entrenador del Zaragoza– fue acusado por la fiscalía de recibir 90 mil euros por parte de Agapito Iglesias, entonces presidente de ese club. El dirigente, según la investigación, destinó cantidades similares para sobornar a jugadores de ambos de ambos equipos.
La Fiscalía Anticorrupción, la Liga española y el Deportivo La Coruña -que descendió por la victoria del Zaragoza por 2-1 en aquel encuentro- podrán apelar este dictamen ante la Audiencia Provisional en los próximos cinco días, argumento que tomarán las tres instituciones, según información del diario Marca.
El caso involucró a 42 personas –entre ellos el ex defensor del Toluca Paulo Da Silva- y fue investigado durante dos años y cuatro meses.