• El fin del sistema solidario.

UIAE

La nueva Ley del ISSSTE constituye una reforma financiera a un sistema público de salud. Fue concebida desde la lógica del equilibrio financiero y no desde las necesidades de la salud pública y la seguridad social.

El 15 de marzo los diputados del PRI, PAN, PVEM y Panal presentaron una iniciativa para reformar la Ley del ISSSTE, la cual fue aprobada en San Lázaro el 22 de marzo. Una semana después, con los votos en contra de los legisladores del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia), el Senado aprobó sin cambios la reforma. El 31 de marzo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el 1 de abril.

En el ensayo La nueva Ley del ISSSTE: La reforma estructural del consenso dominante, de próxima aparición y al cual tuvo acceso la UIAE de EL FINANCIERO, sus autores, la economista Odilia Ulloa Padilla y Miguel Alonso Raya, exdiputado perredista y expresidente de la Comisión de Seguridad Social en la legislatura anterior, establecen que dicha Ley cambió las bases de la seguridad social de los trabajadores del Estado por medio de un nuevo modelo de gestión de los servicios médicos y del sistema de pensiones. Se pone fin al sistema solidario en el cual los sanos apoyan a los enfermos y los trabajadores jóvenes se solidarizan con las pensiones de los trabajadores viejos.

La reforma, agregan, se realizó a partir de un diagnóstico general, incompleto, y por lo tanto sesgado, de la problemática de la seguridad social de los trabajadores afiliados al ISSSTE, confeccionado por la cúpula de éste y la SHCP con base a proyecciones inerciales de mediano y largo plazos, que configuraron escenarios catastróficos para descartar otra ruta de reforma.

Afirman que ésta no surgió del consenso social, sino del consenso político dominante en México. Se impuso sobre la base de la negociación entre los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el sector financiero y las cúpulas sindicales de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En el texto indican que "para el gobierno federal es la punta de lanza para el impulso de otras 'reformas estructurales' pendientes (fiscal, energética y laboral). Para el sector financiero y de la salud privada es la ampliación del ámbito de sus negocios y la maximización de sus utilidades, a partir de las transferencias de otra parte significativa de los fondos públicos de pensiones y salud del sistema de seguridad social. Para las dirigencias sindicales es la garantía de mantener las viejas estructuras de control corporativo y el acceso a la operación de cuantiosos fondos de pensión y del sistema de ahorro para el retiro, creado en 1992 por medio de Pensionissste, que surgió como una Afore más en el mercado."

La reforma del ISSSTE no tuvo como objetivo enfrentar los desafíos más urgentes de la seguridad social en México: ampliar la cobertura y mejorar la equidad, el financiamiento y la calidad de todo el sistema. Por el contrario, el gobierno federal dio un paso enorme en su estrategia para establecer un sistema nacional de mínimos en salud y pensiones para la gran mayoría de los trabajadores asalariados de los sectores público y privado, al que se pretende incorporar gradualmente al resto de los regímenes públicos de reparto no reformados de las entidades federativas, y los establecidos por contratación colectiva en organismos y empresas del sector paraestatal como el IMSS, CFE y Pemex y de universidades públicas estatales.

Odilia Ulloa afirma que esa ley tiene como elementos positivos el aumento de la participación gubernamental y los ocho mil millones de pesos que, como gasto social, destinará el gobierno federal en un plazo de tres años.

El documento concluye que, "paradójicamente, los costos fiscales de la reforma de pensiones del IMSS y del ISSSTE tampoco habrán servido para edificar un nuevo sistema de seguridad social más justo, más equitativo, más eficiente y de cobertura universal, contributivo y no contributivo, que tenga por finalidad resolver las necesidades de salud de la gente y la previsión social frente a la vejez y demás contingencias y riesgos... la mejor política distributiva es el trabajo formal y los salarios bien remunerados, y la mejor política redistributiva es la seguridad social".