• Activistas de AI se manifiestan en la PGR para demandar que se investiguen los abusos sexuales por fuerzas policiales de la entidad
• La organización humanitaria pide que se garantice justicia para las víctimas
  

El Financiero en línea

México, 5 de octubre.- Activistas de Amnistía Internacional (AI) se manifiestan frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República para demandar a las autoridades federales que investiguen 23 informes de abusos sexuales cometidos por las fuerzas de seguridad en San Salvador Atenco, en el estado de México, hace cinco meses.

En un informe divulgado desde su sede en Londres, la organización humanitaria pide que se garantice justicia para las víctimas.

La petición de AI coincide con la publicación de un nuevo informe de la organización que revela nuevos indicios de que las autoridades del estado de México no sólo no han investigado seriamente las acusaciones de las mujeres, sino que incluso han ocultado señales de los abusos.

Las mujeres -añade- afirman haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por policías mientras estaban bajo su custodia.

"Las autoridades del estado han hecho recaer la carga de la prueba en las víctimas, al tiempo que tratan de desacreditar sus acusaciones. El conflicto de intereses y la falta de imparcialidad, evidentes en las investigaciones que se están realizando a nivel estatal, es una fórmula para la impunidad", ha señalado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa Regional para América de AI.

"Dada la seriedad de los delitos y los constantes fallos de las autoridades estatales a la hora de investigar eficazmente las denuncias de abuso, es hora de que se encargue de ello la fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres", indicó Howard.

"Estos delitos -agregó- son actos de tortura según el derecho internacional y las autoridades deben garantizar que los responsables rindan cuentas".

En su informe, AI dice que varias de las víctimas hicieron saber a la organización no gubernamental que las autoridades del estado de México se negaron a permitirles presentar querellas criminales y no les brindaron atención médica ni psicológica adecuada, algo esencial para asegurar pruebas fundamentales en casos de abusos sexuales.

AI subraya que María García (nombre ficticio) dijo a la organización que cuando informó al funcionario de la Procuraduría General de Justicia del estado de México que quería presentar una querella por violación, otro funcionario, que supervisaba la toma de declaraciones, dijo que la cuestión de la violación no podía quedar registrada y arrancó el papel de su máquina de escribir.

Margarita Reyes (nombre ficticio), otra de las mujeres que sufrieron abusos sexuales bajo custodia, afirmó: "Cuando llegué a la cárcel, el médico forense no quiso certificar que había sido violada. Me pareció injusto que no me creyeran, que alguien pudiera creer que lo había inventado", añade AI.

Howard subrayó que este caso es, tal vez, "la última oportunidad de la Administración Fox para demostrar su compromiso de acabar con la impunidad de la violencia contra las mujeres y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en el ámbito nacional".

AI recuerda que las mujeres figuraban entre las 211 personas detenidas durante una operación policial de dos días en las ciudades de Texcoco y San Salvador Atenco, en el estado de México.

El objetivo de la operación era poner fin a las protestas de una organización campesina, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, agrega. (Con información de EFE)