• El jueves la Profepa clausuró MSX
• Señalan alteraciones al medio ambiente, a la flora y a la fauna

El Financiero en línea

México, 20 de noviembre.- Diversas organizaciones ambientalistas y sociales de México pidieron hoy a las autoridades mexicanas que cierren definitivamente la operación de la Minera San Xavier, filial de la canadiense New Gold, la cual fue parada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En una carta enviada al titular de la Profepa, Patricio Patrón, organizaciones como Greenpeace México, Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental (OCVA), Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre otros, demandaron "tomar acción urgente para sacar definitiva e inmediatamente a la trasnacional Minera San Xavier (MSX)".

El jueves la Profepa clausuró MSX y le exigió un plan de cierre definitivo, lo que la empresa ha anunciado que apelará en los tribunales.

Esa compañía lleva a cabo un proyecto de minería de tajo a cielo abierto en el cerro de San Pedro, emblema del escudo del estado de San Luis Potosí, para extraer oro y plata, lo que ha generado el rechazo de varias agrupaciones civiles desde hace aproximadamente dos años.

De momento, la empresa suspendió las actividades de extracción de minerales, pero no las de procesamiento.

"No sólo los argumentos ambientales por los que esa corporación nunca debió operar en la zona siguen vigentes, hoy, además, la ley le exige actuar sin dilación para ponerle un alto a este caso, ejemplo de impunidad ambiental", indicaron los firmantes de la misiva, entre los que se cuenta también la Unión de Grupos Ambientalistas IAP.

A juicio de las organizaciones, en el caso de MSX "el delito es flagrante, innegable, depredador y afecta al bien común de los mexicanos".

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental (OCVA) indicó en otro comunicado que el cierre temporal "es sólo el primer paso para cumplir con la ley ambiental", y que es necesario "que los funcionarios responsables del desacato al fallo judicial de revocación de permiso sean llamados a rendir cuentas".

Para la OCVA ha quedado comprobado con "pruebas contundentes el impacto ambiental y las irregularidades en la tramitación y obtención de los permisos (con los que opera la compañía) desde hace casi diez años".

"Las alteraciones al medio ambiente, a la flora y a la fauna, y los impactos sociales están consumados, alguien tiene que hacerse responsable de ellos, por una parte la empresa, pero por otra las autoridades locales y federales que violaron la ley por tanto tiempo", agregó en la nota Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.

El cierre de la empresa se llevó a cabo después de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ordenara anular el permiso de impacto ambiental concedido a la mina de MSX en Cerro de San Pedro. (Con información EFE/RSC)