Aprueba Legislativo de Guatemala Ley de Acceso a Información Pública
Internacional - Martes 23 de septiembre (21:11 hrs.)
 |
|
- La norma mereció el apoyo de la gran mayoría de los 158 parlamentarios
El Financiero en línea
Guatemala, 23 de septiembre.- Tras varios meses de debate, el Congreso de Guatemala aprobó hoy por unanimidad la Ley de Acceso a la Información Pública, pese a la férrea resistencia de diversos sectores políticos que rechazaban la iniciativa.
La diputada Nineth Montenegro, una de las dos legisladoras que presentaron la iniciativa, dijo a periodistas que la norma mereció el apoyo de la gran mayoría de los 158 parlamentarios.
Destacó que con la vigencia de la ley, una vez que la sancione el presidente Alvaro Colom, los funcionarios públicos de todos los niveles de la administración estarán obligados a atender cualquier solicitud de información relacionada con su cargo.
Según la legisladora, con la aprobación se garantiza el libre acceso a la información pública y recordó que la pieza contempla sanciones a los servidores públicos que se nieguen a brindar informes sobre sus funciones y sobre el manejo del presupuesto a su cargo.
La iniciativa fue aprobada luego de casi un año de trámites, gestiones y cabildeos entre los principales partidos políticos y sus bancadas en el Congreso, que al final llegaron a un consenso que permitió la aprobación por unanimidad de la norma.
La ex vocera presidencial en el gobierno de Oscar Berger (2004-2008), diputada Rosa María de Frade, la otra autora de la iniciativa, afirmó que la nueva ley "es un avance para la transparencia y democracia".
Resaltó que en adelante "cualquier persona podrá ejercer su derecho de conocer y proteger sus datos personales, o toda la información que sobre ella exista en los archivos estatales".
La Ley de Acceso a la Información Pública, según las autoras, fue elaborado con las mejores experiencias de legislaciones que se aplican en muchos países latinoamericanos.
Sin embargo, algunos sectores políticos, como el grupo liderado por el alcalde de la ciudad de Guatemala, Alvaro Arzú, ex presidente de Guatemala (1996-2000), rechazaron en un principio la iniciativa.
Esto por considerar que se pondría en riesgo la "confidencialidad" de asuntos estratégicos del Estado.
La ley fija sanciones contra los funcionarios que se nieguen a entregar la información solicitada, obstaculicen su entrega y la oculten o destruyan.
Las penas van desde el despido, multas de seis mil 500 a 34 mil dólares, y prisión de uno a cinco años.
Estos artículos ordenan a las instituciones del Estado preparar durante un tiempo determinado sus unidades de información para que al cumplirse el plazo, puedan poner a disposición de los ciudadanos la documentación informativa requerida.
La nueva ley obliga a todas las instituciones del Estado, incluidas las autónomas, descentralizadas y privadas que manejen recursos del erario nacional, a informar sobre su gestión y la administración de los recursos.
Además, cualquier ciudadano, sin importar su condición ni el objetivo para el cual lo solicite, podrá requerir a los funcionarios públicos la información del trabajo que realizan y detalles de la manera de ejecutar el presupuesto público a su cargo.
De acuerdo con fuentes del Organismo Legislativo, el cuerpo total de la nueva ley entrará en vigencia 180 días después de que sea publicada en el Diario Oficial. (Con información de Notimex/GCE)
| |
El
Financiero pone a su disposición las noticias más importantes del día, a través
de dispositivos móviles. Lleve consigo en todo momento las principales noticias
del periódico y los principales indicadores de los mercados Cambiario,
Accionario y de Dinero entre otros.
Con
la edición digital de El Financiero usted podrá recibir en la pantalla de su
PC, la edición diaria del periódico exactamente como fue impreso.
Servicio
electrónico de información especializado en finanzas, economía y negocios.