A 23 días de la conclusión de las campañas y a 26 de la jornada electoral hay quien sostiene que ya todo está decidido, sin embargo, a mi parecer, hay algunas cuestiones que no cuadran para sostener lo anterior.
La transición de nuestra democracia ha traído consigo, entre otras cosas, el voto diferenciado, de manera tal que el voto en automático para todos los cargos por un mismo partido político no es necesariamente la regla.
Por otra parte, sin duda hay una interrelación entre las problemáticas, historias y liderazgos locales y federales en el momento en que la ciudadanía define el sentido de su voto, la cuestión es saber qué tanto pesa una consideración en la otra.
También es de tomar en cuenta que la decisión de hacer coincidir las fechas de las elecciones federales y las locales (hace ya 16 años) afectó el entramado de la influencia de lo federal en lo local y viceversa. Lo que aún está por verse es si hay patrones al respecto y el nivel de interrelación.
Lo que está claro es que en las elecciones del 2018 la figura de López Obrador —quien había acumulado para entonces cuatro lustros en campaña nacional— aunado al voto de castigo a los insatisfactorios resultados de los tres sexenios de la transición democrática y en particular al encabezado por Peña Nieto, marcaron el triunfo del actual presidente y arrastraron consigo la conformación del Congreso de la Unión y a las elecciones locales.
De manera tal que podemos afirmar que personas que fortuitamente fueron postuladas para una candidatura federal o local ocuparon posiciones ejecutivas y legislativas que no esperaban, para las que no se habían preparado y en algunos casos para lo que ni siquiera hicieron campaña.
Hace seis años el malestar nacional marcó por lo general todas las votaciones, pero fue una ola que no dio para Jalisco, Yucatán o Guanajuato, aunque en este último caso el abstencionismo tuvo su registro más alto en muchas elecciones. Tampoco dio para que los 30 millones de votos de AMLO impactaran de la misma manera la conformación del Congreso de la Unión. Lo que demuestra que, afortunadamente, los comportamientos sociales no obedecen a correlaciones automáticas.
Sin embargo, 2024 puede ser distinto. El malestar por la desatención de demandas estatales y municipales y los deficientes gobiernos locales pueden cambiar no solo el resultado por entidad, sino además incidir en las elecciones federales. Un ejemplo evidente al respecto es Morelos, en el que una mala decisión al seleccionar la candidatura, sumado al malestar por la inseguridad y la frivolidad del gobierno saliente, sin duda provocarán una alternancia.
Las elecciones intermedias de 2021, la revocación de mandato en 2022, así como las elecciones del Estado de México en 2023, indicaron cambios importantes en el electorado. Por lo que hace a las intermedias, Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada con la que contaban en la Cámara de Diputados. Por otra parte, nueve de las 16 alcaldías de la CDMX pasaron a ser gobernadas por la oposición.
Para la revocación de mandato solo participó el 17 por ciento de la ciudadanía inscrita en el listado nominal, es decir, 16.5 millones, y el año pasado para la elección de la gubernatura en el Edomex la participación ciudadana apenas alcanzó el 50 por ciento y la diferencia entre la actual gobernadora y su competidora se redujo al 7 por ciento contra todos los pronósticos esperados.
Los números anteriores deben observarse más allá de los resultados, ya que denotan también la capacidad de movilización de los partidos o si lo que queremos ver desde la otra perspectiva del interés que los comicios despiertan entre los electores.
Veamos ahora lo que puede depararnos el muy cercano 2 de junio. Siete entidades concentran a más del 50 ppor ciento de los electores, en ese orden: Edomex, CDMX, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Nuevo León. En todos ellos, tal vez solo con la excepción de Puebla, la competencia al parecer será muy intensa. En la capital del país y en Veracruz podría darse una alternancia. En Jalisco, Guanajuato y Nuevo León las preferencias locales al parecer se renovarán y no favorecen a los partidos en el poder federal y en el Estado de México, si sigue con la tendencia de los últimos años, se perfila al menos un empate técnico.
Yucatán si bien apenas alcanza el 2 por ciento del listado nacional y por lo mismo pesará poco en el resultado para la presidencia de la República –a pesar de ser el estado con el mayor nivel de participación– revelará el reconocimiento de la ciudadanía a los buenos gobiernos.
Otro factor fundamental que incidirá en el resultado este 2 de junio es el de participación ciudadana, como ya lo hemos hecho ver en otras entregas. Sostengo que a mayor participación mayor posibilidad de alternancia en general.
Este conjunto de datos y otros más que no podemos referir en este breve espacio, me llevan a pensar que todo está por definirse. El nivel de participación ciudadana y el castigo con el voto ciudadano a malos gobiernos locales incidirán en el resultado más allá de la popularidad del actual presidente y de los yerros o aciertos de las candidaturas en turno.
POSDATA: En varias ocasiones hemos referido la omisión dolosa del Senado al no ejercer su responsabilidad de integrar cabalmente los tribunales electorales en el país y las consecuencias que eso puede tener para la calificación oportuna de los resultados electorales y sobre la legitimidad de los mismos. A eso ahora, se suma la presión y amenazas contra los integrantes de las comisiones de quejas del INE y del Instituto Electoral de la CDMX. Para terminar de confirmar las sospechas de que nos encontramos frente a un presidencialismo autoritario, desde Palacio Nacional se usa impunemente el aparato del Estado contra María Amparo Casar, ciudadana que lo que merece a sus preguntas legítimas, informadas y valientes son respuestas claras de cara a la ciudadanía.