No hay encuesta pública de opinión que no sitúe a la inseguridad como el principal problema de los mexicanos. Los datos y las tendencias de criminalidad confirman lo que los encuestados perciben: se agrava la violencia en el país y el crimen organizado disputa prácticamente todos los mercados ilícitos de los que se pueda extraer una ganancia, desde la trata de migrantes a la extorsión de las tienditas. La vulnerabilidad del Estado tiene una imagen despiadada en la decapitación de una mujer policía en Michoacán, en la incapacidad del gobierno de Guerrero de nombrar secretarios y un fiscal que sirvan, en los asesinatos de periodistas y de candidatos. El crimen organizado sabe que se puede salir con la suya. La autoridad desorganizada baja la mirada. La sociedad se resigna.
La percepción coincide con la realidad y la realidad se explica en la debilidad de la autoridad. La inseguridad no es propaganda electoral, complot o invención opositora. Es la crisis largamente incubada de la improvisación, de la ausencia de largo plazo y, en gran medida, de la irresponsabilidad. El fracaso de una apuesta por la autopacificación de los delincuentes y la utopía de la desmovilización espontánea: no habrá balazos, pero pórtense bien; tomen la beca del bienestar y deserten del cártel. Es esa ingenuidad de creer que la política social del Estado es un sustituto perfecto del reclutamiento criminal. Algo tan simple como escoger entre dos marcas de refresco. Por el contrario, el problema es que no hay disuasivos eficaces ni segundas oportunidades. La célula criminal hace más sentido en la vida de muchos, sobre todo en los jóvenes, que el propio Estado: un sentido que no colma una beca. La puerta de la ilegalidad es muy grande para entrar, muy chiquita para salir e imposible de apartarla de la espalda.
Pero en este contexto, ¿por qué la inseguridad no es la indignación que subleva el voto? ¿Cómo se explica la disonancia entre la percepción ciudadana sobre la situación del país y la evaluación del gobierno? ¿Por qué esta larga crisis no es el centro de la competencia por fijar los raseros de la comprensión de la realidad y el curso de las políticas? ¿El detonador ético de lo que las personas esperan de su gobierno? ¿Qué explica que la inmigración sea el mayor problema político en la elección de Estados Unidos, mientras que la seguridad es un dardo sin diana en la elección presidencial mexicana?
Encuentro dos explicaciones. La narrativa de culpabilizar el pasado ha sido exitosa para sacudir responsabilidades actuales. La ‘guerra de Calderón’, ‘la corrupción del periodo neoliberal’, ‘la complicidad de García Luna’ han sido extremadamente útiles como atajos para simplificar el problema y reducir la necesidad de formar una conciencia social compleja. Son anclajes retóricos que ponen causa y rostro para evitar las preguntas serias. Pero pareciera también que la inseguridad, las violencias, la pérdida de libertades se padecen como destino manifiesto. La suma de males que no resuelve ni resolverá la democracia. La promesa que no es creíble a base de decepciones. Esa realidad inasible a la acción política. Una elección que no entra a la boleta porque la sociedad, como sus gobiernos, se ha rendido al dominio criminal. Mejor háblame de los apoyos sociales: de la delincuencia que sufro, tú sabes y puedes hacer muy poco.
La democracia decide el sistema de valores que nos debe gobernar. Qué país queremos y debemos ser. Es consentimiento sobre lo que nos une y lo que nos protege del disenso. Por eso la democracia politiza todas las cosas. Empezando por el privilegio del Estado de imponer el orden. Politizar en su expresión clásica: convertir un problema en un asunto de debate público y, sobre todo, de decisión. Politizar la seguridad es recuperar el derecho de votar por la paz. El primer paso para arrebatar a los delincuentes nuestra soberanía.