La Aldea

Los legados de Andrés

En México durante la pandemia de covid-19 se cometió un crimen generalizado por omisión, por falta de cuidados y atención, por torpezas médicas y administrativas.

Nos vamos acercando al final de esta administración. Se agotan los plazos, se congelan las iniciativas y se programa ‘para después’ —por la anhelada victoria el 2 de junio— para dar continuidad a proyectos y ocurrencias.

En estos días, una Comisión Independiente de Investigación, integrada y compuesta por científicos eminentes, presentó su reporte especial en torno a la gestión de la pandemia de covid-19. Están ahí, bajo el liderazgo del epidemiólogo reconocido Jaime Sepúlveda, personajes de la talla del Dr. Julio Frenk —exsecretario de Salud—, Sylvia Schmelkes, Julia Carabias y José Ramón Cossío, entre otros.

Todos personajes de impecable trayectoria académica, científica y profesional en sus propios ámbitos.

Ante la inacción del gobierno mexicano para revisar la forma en que las políticas públicas de emergencia en el caso de la pandemia operaron y sirvieron, este grupo de expertos conformó una comisión independiente. Sin filiaciones partidistas, militancias o preferencias, científicos y técnicos ofrecieron su dictamen.

Es devastador. Muchos lo suponíamos por la extensa cobertura que se realizó a lo largo de tres años, por los datos adelantados por universidades y organismos internacionales, pero sobre todo por las aplastantes estadísticas a nivel mundial.

El reporte señala que hay una diferencia monumental entre las cifras oficiales del gobierno (333 mil 300) y el cruce de esa variable con las actas de defunción oficiales registradas ante gobiernos, oficinas públicas y el Registro Civil, que son —escuche usted— 511 mil 81 muertos por covid-19, según actas ministeriales y hospitalarias y certificados de defunción, recogidos por el INEGI.

Según el reporte, se trata de una tasa disparada de mortalidad, aquellas muertes que superan los promedios anuales de nuestro país, incluso, en las condiciones especiales de la pandemia.

El reporte establece una “desafortunada combinación de desventajas estructurales” referidas a las capacidades técnicas reales de los sistemas de salud pública en el país.

Sin embargo, las políticas y estrategias dictaminadas por el gobierno para enfrentar la pandemia, producen un efecto de agudización de esas condiciones, puesto que se cometieron múltiples errores para cuidar y proteger a la población.

Para mayor claridad, en México se registraron 808 mil 600 fallecimientos en exceso, producto de las muertes directamente causadas por el covid-19 y aquellas otras producidas por la incapacidad de atender cuadros críticos debido a la propia pandemia. Es decir, se dejaron de atender padecimientos, cirugías y múltiples emergencias porque la totalidad de los servicios estaban comprometidos atendiendo la pandemia.

Más de 295 mil muertes señala la Comisión, no pueden explicarse por la incapacidad estructural de servicios en funciones antes de la pandemia; solo pueden explicarse como resultado de una mala gestión, de pésimas, negligentes e irresponsables políticas sanitarias y por una subestimación del impacto.

El reporte no alcanza a señalar —para no mezclar datos científicos y estadísticos con política— que la conducta de funcionarios, titulares de áreas y altos niveles de la administración pública, pudieron haber cometido delitos durante su gestión.

¿Cómo se explicaría, si no, que los responsables de cuidar y proteger la salud de los mexicanos, se guiaron por criterios políticos, ideológicos y presupuestales, por encima de poner en práctica medidas y estrategias basadas en ciencia médica, clínica y epidemiológica?

El reporte ofrece amplios datos de sustento para comprobar el verdadero número de muertos, asentado en actas; no es una interpretación, las sobretasas de mortalidad, y la capacidad instalada del sistema nacional de salud pública.

Será muy difícil que López Obrador enfrente a la justicia por esta criminal conducta, pero muchos hacemos votos para que los incapaces y mediocres Jorge Alcocer —incompetente secretario de Salud de todo el sexenio— y Hugo López-Gatell —criminal subsecretario al frente de la lucha contra el covid-19— puedan eventualmente enfrentar a la justicia.

En México se cometió un crimen generalizado por omisión, por falta de cuidados y atención, por torpezas médicas y administrativas, por decisiones caprichosas, absurdas y contra la vida de los mexicanos. Alguien tendría que responder, ¿no cree usted?

Los legados de Andrés serán múltiples en distintas esferas. En educación, desastre con el desmantelamiento de un proceso en ascenso de evaluación y promoción docente; en seguridad, por la errática política de permitir a los grupos criminales tomar control del país; en energía, por regresar a la industria 30 años al pasado, y así sucesivamente.

Analizaremos cada terreno.

Por ahora, el de salud, es aplastante gracias al aval de autoridades y expertos científicos en salud pública. Consulte usted el reporte, está disponible en línea: Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de covid-19 en México.

COLUMNAS ANTERIORES

Última llamada
Los legados de Andrés: la educación

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.